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No cabe duda de que, últimamente, asistimos a una crisis en la llegada de inmigrantes a las Islas Canarias, que han superado las capacidades de acogida. Esta situación no hace más que poner sobre la mesa la necesidad de gestionar de manera más efectiva los flujos migratorios y de coordinar un protocolo de acogida e integración. Pero no se soluciona haciendo que la Armada tome cartas en el asunto, como han propuesto recientemente algunos partidos políticos españoles. 

Como nos explica hoy Cecilia Estrada Villaseñor, Directora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia Comillas, la función de la Armada no es "impedir" la salida de cayucos. Según el convenio SOLAS, las operaciones navales están obligadas a rescatar a personas en peligro en el mar, lo que significa que la Armada no podría actuar como un repulsor de inmigrantes. Si interviniera en el programa migratorio, según nuestro marco jurídico, debería hacerlo salvando vidas, en cumplimiento de obligaciones humanitaria. 

Al fin y al cabo, muchas de las personas que buscan llegar a Europa mediante vías irregulares son potenciales solicitantes de protección internacional que huyen de conflictos, persecuciones y situaciones extremas en sus países de origen. "Ignorar este aspecto y tratarlos únicamente como amenazas potenciales es una grave simplificación que deshumaniza su situación y viola los principios básicos de los derechos humanos", advierte Estrada.

Salud,